El fiscal general Jorge Baclini explicó los alcances de la nueva área de coordinación que funcionará en el ámbito de la Justicia provincial.
Hace pocos días la Justicia provincial anunció la creación de un área de Coordinación en investigación de Delitos Ambientales, toda una novedad a nivel regional que apunta a ayudar con información y pericias técnicas a los fiscales que avancen con causas relacionadas con denuncias ambientales.
La idea es replicar un modelo que ya existe en varias provincias del norte del país, donde la megaminería genera problemas de contaminación graves que se han traducido en fuertes movilizaciones sociales. En Santa Fe los mayores riesgos ambientales vienen por otro lado y tienen que ver con contaminación de agua, tierra o aire por parte de industrias y del sector agropecuario.
Así lo explicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien destacó que se creó una guía de acción para fiscales que investiguen delitos ambientales, y que además se avanzó en la formación de una policía especializada en el tratamiento de este tipo de denuncias.
—¿Por qué se tomó la decisión de crear un área específica para los delitos ambientales?
—Venimos observando algunos casos en distintos lugares de denuncias sobre daños al medioambiente, a veces con consecuencias para las personas. Es un síntoma de alerta que hace que se empiece a trabajar con el medioambiente y generar una persecución penal adecuada.
—Hay un énfasis puesto en la capacitación?
—Se trata de hechos no tan comunes que generan que los fiscales reciban una capacitación específica y puntual, así como las áreas criminalísticas. Hay que saber extraer muestras y tener laboratorios con aparatos que puedan analizar las pruebas y ver si las denuncias pueden ser constituidas como delitos. No es una unidad fiscal sino un área de consultoría que brinda apoyo y líneas de trabajo a los fiscales que trabajan con estos delitos. Esto se reforzará a futuro con una red de fiscales que trabajen temas ambientales en la provincia.
—¿Cuáles son las problemáticas ambientales más frecuentes en Santa Fe?
—Son problemáticas relacionadas con el agua, los ríos y algunas industrias que vierten fluidos. También ha habido denuncias de contaminación de aire y tierra relacionadas con fumigaciones. Esas son las denuncias más comunes.
—¿Santa Fe corría de atrás en relación a estos problemas?
—No hay todavía un gran desarrollo de la persecución penal de delitos ambiental en el país. Hay algunas provincias del norte que han avanzado en relación a la megaminería, pero hasta ahora en Santa Fe no había sido considerado desde lo penal mas allá de algunas investigaciones. Esta área busca paliar eso con la puesta en marcha de una guía de actuación para los fiscales, que es un instructivo de trabajo para saber cómo deben actual los fiscales en estos casos y cuáles son los delitos que se pueden investigar.
—La idea es tener un protocolo de actuación?
—Queremos una red de fiscales capacitados y la guía contiene los pasos y la secuencia que hay que seguir cuando ocurre un hecho: hay jurisprudencia y recomendaciones técnicas para la investigación.
—¿Esto se acompaña con acción policial también?
—Hay un área dentro de la policía de investigaciones que se ocupará de estos hechos tanto en el norte como en el sur de la provincia. Esto es importante porque genera capacitación.
—¿Es difícil investigar el delito ambiental?
—Son hechos no son tan comunes ni tan frecuentes. Se puede recibir una denuncia inmediata pero la determinación de ese hecho no será inmediata. Hay que ver si se hicieron los controles y actuar en el momento justo, tiene cierta complejidad. A veces causa efectos dilatados en el tiempo. Estamos trabajando mucho en capacitación en el Ministerio Público y la policía, ya hay gente especializada y seguiremos en esto.
Por Jorgelina Hiba / LACAPITAL.COM.AR